La decisión, revisada en la última semana por la gobernadora María Eugenia Vidal, del cierre de los bachilleratos de adultos en la provincia de Buenos Aires, desató una ola de reclamos en muchos distritos, con movilizaciones, abrazos y cortes de calles, en las puertas de los establecimientos educativos. Comunidades educativas fuertemente identificadas con esta modalidad hicieron escuchar su voz, conjuntamente con los gremios y los docentes, en un claro testimonio de una sociedad que sabe que la educación pública es una de las pocas herramientas que les quedan a los sectores populares para enfrentar un mundo cada vez más complejo.

La cuestión de los bachilleratos de adultos puso de relieve un debate específico en relación con un servicio que atiende a aquellas personas que por diversas razones no pudieron terminar el secundario y también desnudó una encrucijada de fondo. ¿Seguimos concibiendo a la educación como una inversión clave en nuestra estrategia de desarrollo con justicia y oportunidades para todos o es un gasto que deberán afrontar las familias con sus ingresos, lo que condena a la sociedad a la reproducción de las desigualdades?

Muchos argumentaron (sin datos reales) sobre la escasez de matrícula de la modalidad, con las alternativas de planes como el Fines o la idea de implementar una modalidad no presencial, a la que íntimamente apuesta el ministro Gabriel Sánchez Zinny, denominada Adultos 3.0. En el trasfondo de la medida se suma una larga disputa entre niveles educativos, la separación de jóvenes menores de 18 años de los bachilleratos de adultos y el lanzamiento de "aulas de aceleración" para aquellos jóvenes que no alcanzan los conocimientos mínimos para pasar al segundo ciclo de secundaria. Todavía más atrás aparece la dificultad para reformular un secundario decimonónico que desgrana al 50% de su matrícula, y que no responde hoy a las demandas del mundo del trabajo y las tecnologías, así como tampoco a sus estudiantes.

Lo que la medida también puso a la vista es la dificultad que presentan las autoridades y el propio sistema educativo por saber lo que pasa realmente en las escuelas y de qué forma afrontan, docentes, directivos y familias, los desafíos de aprender en el siglo XXI. Los testimonios que venimos recogiendo desde hace 2 años desde el Observatorio de Calidad Educativa de la provincia de Buenos Aires nos hablan de un sistema en crisis, de la falta de criterios de largo plazo, de una sobrepolitización del sistema con medidas que buscan tapas en los diarios y de la dificultad para concebir escuelas más autónomas.

Así, los funcionarios olvidan que detrás de sus planillas de cálculos, que pueden parecer prístinas en las computadoras, hay personas y que lo educativo no suele llevarse bien con las visiones binarias sobre una realidad problemática. La escuela es un complejo dispositivo que tenemos que recuperar en su valor histórico-cultural y adaptar a las transformaciones sociotecnológicas del presente, sin por eso proyectar su desaparición. Por el contrario, la escuela pública es hoy más necesaria que nunca y, aunque asediada por múltiples conflictos y amenazas, los que menos tienen lo saben y la defienden. La razón seguramente se funda en que allí alguien tiene en cuenta sus motivaciones y sus deseos de futuro.

Las escuelas no pueden dejar de ser el centro de las políticas públicas y debemos luchar para que en este mundo hiperconectado no se conviertan solo en la terminal de un sistema de engranajes. Cualquiera que trabaja en una institución educativa comprende lo lejos que está esa imagen de la realidad de las escuelas. Bastaría con acercarse a cualquiera de ellas para saber de lo que estoy hablando.

El autor es director del Observatorio de Calidad Educativa.