"Veo la situación de Brasil con preocupación, pero confío en sus instituciones", afirmó el presidente Mauricio Macri horas atrás, cuando lo consultaron sobre la suerte del mandatario brasileño, Michel Temer, acorralado por la Justicia de ese país por denuncias de corrupción. ¿Podría decir lo mismo un mandatario de Brasil si un presidente argentino se viera seriamente implicado por denuncias de corrupción? ¿"Creo en sus instituciones"? Difícil.

Si las instituciones en Brasil y Argentina hubieran tenido la misma relevancia, autonomía y resolución, en la década de los noventa, ambos países hubieran vivido situaciones similares. En 1992, el entonces presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, fue acusado de establecer un gran esquema de corrupción política utilizando el tráfico de influencias y el sistema de lobby gubernamental a cambio de sobornos, para obtener dinero de empresarios y funcionarios públicos por favores políticos.

En medio de denuncias ante la Justicia, esto llevó a que el Congreso iniciara investigaciones, unidas a indagaciones particulares de la prensa brasileña a nivel nacional. Finalmente, fue el Congreso de Brasil el que destituyó a Collor de Mello a través de un juicio político o impeachment.

Por ese entonces, en la Argentina de los noventa, el presidente Carlos Menem debió afrontar los procesamientos de más de un centenar de sus funcionarios por causas de corrupción. El propio Menem llegó a ir preso en el año 2001 por ser considerado jefe de una asociación ilícita por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Ya no estaba en el poder.

Dilma Rousseff, reelecta en 2014 junto a su compañero de fórmula Michel Temer, debió dejar la Presidencia en agosto del 2016, destituida tras un fallo histórico en el Senado brasileño, luego de un juicio político. Habían pasado 13 años de gestión del Partido de los Trabajadores, primero con Lula Da Silva y la continuidad con Dilma.

En la Argentina, en el tramo final de los 12 años de kirchnerismo, afloraron denuncias por corrupción contra la administración del Ejecutivo que compartieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero recién en la actualidad y cuando ya no están en el poder, hay múltiples procesamientos dictados contra la ex mandataria y su vicepresidente, Amado Boudou, entre otros funcionarios, por distintos ilícitos, que seguramente los sentarán en un juicio oral.

Estos ejemplos apenas bastan para afirmar cómo las instituciones funcionan en Brasil (más allá de los intereses políticos promovidos por sectores destituyentes) y no en la Argentina.

Los argentinos son testigos, cada vez que ocurre un cambio de gobierno, de una primavera o resurgir de la Justicia frente a los funcionarios que dejan el poder. Pero durante el ejercicio del poder del gobierno de turno, ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo velan por los intereses de los ciudadanos persiguiendo a los eventuales funcionarios corruptos, ni mucho menos llegan al extremo de la pirámide, el presidente de la nación, si se comprobara algún delito.

El mandatario de Brasil, Michel Temer, es acusado de corrupción luego de que se diera a conocer una grabación en la que presuntamente avala que se haga un pago a cambio del silencio del ex jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, preso por la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El Lava Jato, el inmenso caso de coimas y sobornos destapado en Brasil con el protagonismo de las instituciones judiciales, que podría afectar a funcionarios o ex funcionarios argentinos, prácticamente ha sentenciado a Temer al alejamiento de la Presidencia.

En paralelo a la investigación judicial en la que están involucrados el Supremo Tribunal Federal (STF), el guardián de la Constitución Federal y el Tribunal Superior de Justicia, encargado de la uniformidad de la interpretación de las leyes federales, en los próximos días el Tribunal Superior Electoral podría sacar del poder a Michel Temer resolviendo la anulación de los comicios que lo llevaron a ganar las elecciones en 2014, cuando acompañó en la fórmula a Dilma Rousseff.

Si Temer deja la Presidencia, el sucesor estaría en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial. El primero en la línea de sucesión es el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Sigue el presidente del Senado, Eunício Oliveira y el de Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia.

Algo similar a lo ocurrido en Argentina en 2001, cuando debió asumir la Presidencia el entonces senador Eduardo Duhalde. La diferencia es que en Argentina, la ciudadanía, "ayudada" por la oposición peronista, logró la renuncia de Fernando de la Rúa. En Brasil, funcionaron las instituciones.